Será desvío de recursos contratos con empresas fantasmas:ONG

Por Camelia Muñoz/4pnoticias.com
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Será desvío de recursos contratos con empresas fantasmas:ONG

Saltillo, Coah.- Mientras que el secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores, asegura que las exigencias por que se investiguen los contratos con  empresas fantasma, y en particular la de Riviera Álamo, es cuestión política derivada del proceso electoral en curso , el diputado panista Jesús de León Tello le recuerda que hay irregularidades confirmadas como el hecho de que no hicieron licitaciones y Patricia Vargas Bryan de Participación Ciudadana  29 de la laguna exige que aclaren el caso que podría tratarse de desvíos de recursos.

El funcionario estatal que reconoció que no se ha terminado la revisión especial que la Auditoria Superior del Estado lleva  a cabo en torno a 13 empresas que no fueron ubicadas físicamente, o a las cuales el gobierno de Rubén Moreira Valdez les otorgó contratos diversos por multiservicios prestados, se limitó a decir que es una cuestión política.

“Son tiempos políticos. Nosotros estamos aportando lo que nos ha pedidos; son diez puntos lo que nos ha pedido la Auditoría Superior siguiendo instrucciones del Congreso”.

El legislador del PAN le dijo que hay que aplicarse sanciones por los casos de irregularidades que se han detectado a simple vista y que la auditoria superior deberá confirmar.

“El auditor tiene que llegar con conclusiones que nos debe decir a quien van a sancionar y quiénes son los responsables”, expresó.

Para la representante de Participación Ciudadana 29 este tipo de contratos son formas de desviar dinero y que se deben de comprobar, de ser cierto o no.

“Empresas fantasmas es un gol para la ciudadanía. No se vale porque venimos cargando una deuda de 30 y tantos miles de millones de pesos que se a hecho más y no se completa con los impuestos para pagar nada mas los intereses. Como ciudadanos queremos que se aclare esto y que el gobierno responda y haya culpables”, que se aplique la ley.

Vargas Bryan sostuvo que no hay claridad en las operaciones financieras  de inversión que hace el gobierno del estado y “hay derecho a saber”.

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