Rubén Moreira dejó impune caso de empresas fantasma

Saltillo, Coah.- Rubén Moreira Valdez impidió que se aclarara el tema de las empresas fantasma y dejó inconclusas las investigaciones para fincar, al menos, responsabilidades administrativas que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas empezará a revisar  si está entre los expedientes que dejaron como pendientes en la entrega – recepción de la adminsitración.

Teresa Guajardo Berlanga, la titular en la dependencia, señaló que en su momento se hicieron los procedimientos, pero éstos se encuentran abiertos, aún y que en octubre el 2016 el entonces secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores, aseguró que no había irregularidades y que a algunas de las empresas se les pagó por colchas, despensas, pollo y artículos de limpieza para los damnificados del tornado en Ciudad Acuña, aunque no logró comprobar que esto ocurrió en realidad.

“Esa situación se dio en años anteriores y en su momento se entregó la información y se abrieron los procedimientos correspondientes y se encuentran en proceso”.

Los contratos fantasma se hicieron en 2015 y 2016 y por lo cual la Auditoría Superior del Estado llevó a cabo una investigación del tema donde encontró infinidad de irregularidades, como el que las 13 empresas no lograron comprobar la entrega de los productos, varias no estaban en el padrón de proveedores, no tenían capacidad para la prestación del servicio requerido y por lo cual el órgano fiscalizdor concluyó que “no tiene elementos de juicio para emitir una opinión favorable acerca del uso y destino de los recursos públicos por un valor de $410,061,771.56”.

Cabe recordar que luego de trascender estos contratos con las empresas que tampoco se ubicaron físicamente, renunció a la secretaría de Infraestructura María Esther Monsivais Guajardo, quien fuera de las personas más cercanas al exgobernador, después de que se relacionó a un empleado de ella como prominente empresario y dueño de la firma Riviera Alamo, una de las empresas fantama.

Sin embargo, no se han fincado sanciones algunas y en lo que compete a la SEFIR, Guajardo Berlanga asegura que se tienen 60 días para revisar las condiciones en las que se entrega la administración pública.