Reforma establece que Coahuila no asegurará bienes por delito “facilitación delictiva”

Por Camelia Muñoz
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Reforma establece que Coahuila no asegurará bienes por delito “facilitación delictiva”

Saltillo, Coah.-  Un paquete de iniciativas de reforma que este lunes envió el gobernador Rubén Moreira al Congreso de Coahuila, demuestran su derrota ante el crimen organizado cuya  victoria ha pregonado desde el inicio de su administración, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró hace años el carácter inconstitucional de que el estado asegure bienes a quienes cometan el delito de “facilitación delictiva” que prometió el mandatario.

Como parte del paquete de reformas para armonizar las leyes estatales con la normativa en materia anticorrupción, la Consejera Jurídica Sandra Rodrïguez Wong, entregó diversas disposiciones entre ellas la reforma a la Ley de Extinción de Dominio.

“Incluye el delito de enriquecimiento ilícito, como un delito más por el que procederá la acción de extinción de dominio y se elimina el delito de facilitación delictiva como causa de procedencia de extinción de dominio”, establece la iniciativa.

En su plan de gobierno, Moreira Valdez enfatizó que sus acciones estaban destinadas a acabar con las fuentes de financiamiento de delincuentes y prometió asegurar sus bienes, pero en el 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró inconstitucional su ley y eliminó el delito de “facilitación delictiva” para aplicar dicha sanción por lo que consideró era parte del “monstruo que camina con los tentáculos de traficantes, sicarios, halcones y lo nutre el vicio, el juego, la prostitución, el alcohol, el dinero de un ama de casa que apuesta, la trata de personas y la piratería”, dijo en el 2012.

Junto con esta iniciativa se presentó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que otorga facultades a la Secretaría  de la Fiscalización para “organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; además de vigilar en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización”.

También se otorga a los órganos de control interno de las dependencias, las facultades de auditar y desaparece la Procuraduría General de Justicia del Estado, al titular de la misma y sus atribuciones y se crea, de nueva cuenta la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza como organismo público autónomo, con el objeto de fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción y a fin de llevar a cabo la función de procuración de justicia.

Se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear el Tribunal de Justicia Administrativa, mientras que en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y Municipio se derogan los títulos primero, título tercero y el título cuarto, dejando solo las disposiciones relacionadas con el juicio político.

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