Permitió Moreira abusos a jornaleros agrícolas

Por Camelia Muñoz
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Permitió Moreira abusos a jornaleros agrícolas

Saltillo, Coah.- Pese a tener más de dos años con nueve meses radicada una queja por parte de un jornalero agrícola por la serie de abusos que vivió durante 18 días en un centro dedicado a la pizca de chile y tomate en San Pedro de las Colonias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos resolvió hasta días después de que concluyó su gobierno Rubén Moreira Valdez, que sus funcionarios incurrieron en graves omisiones que propiciaron violación  de derechos humanos de migrantes indígenas, varios de ellos menores de edad.

En la queja radicada con el número de expediente CNDH/6/2015/3183/Q se establece como responsabilidades del gobierno estatal, el no contar con un registro de las empresas agrícolas a las que llegan cientos de jornaleros procedentes de varios estados del sur del país y con lo cual se propicia la violación a sus derechos.

En la investigación del caso, se detectó que un menor también había sido víctima de abusos laborales y aunque el gobierno abrió una averiguación por el delito de trata de personas, esto no fue concretado aunque la administración de Moreira Valdez presumió el caso como tal.

Incluso se establece que el menor ya había sido detectado laborando en una de las empresas que ha reincidido en la contratación de niños y adolescentes, pero no se comprobó las sanciones impuestas ni por el gobierno de Coahuila, ni por las dependencias federales.

Entre las acciones que configuran la violación a los derechos de los trabajadores del campo, se encuentran que éstos viven en las llamadas galeras, que son grandes bodegas donde se encuentran hacinados los trabajadores, no hay división de los servicios sanitarios para hombres y mujeres, se les proporciona una sola comida, viven en condiciones insalubres y aunque se les prometen tres comidas y un salario de 150 pesos, solo se les otorga una comida de sopa y frijoles, se les reduce el sueldo y se les hace trabajar más de ocho horas.

Por ello, en la recomendación al gobierno del estado que como titular se dirige a Moreira Valdez, le exigen que en un plazo de 30 días debe integrar un grupo de trabajo interdisciplinarios que lleve a cabo un diagnóstico de la situación socioeconómica y laboral de las personas jornaleras agrícolas en el Estado, “para iniciar un programa emergente de trabajo con objetivos específicos”.

En la recomendación se hace énfasis que los funcionarios estatales fueron omisos en muchos aspectos relacionados con la detección y atención a la problemática de los jornaleros, lo que permitió que sean violentados sus derechos, cuya situación se agrava al ser en muchos casos población  indígena.

Entre las dependencias federales a las que también se emitió la recomendación, se encuentra la Secretaría del Trabajo a quien le piden establecer acciones para que en un plazo de seis meses se erradique el trabajo infantil en los campos agrícolas, realice las inspecciones para determinar el número exacto de este fío de empresas, aplique sanciones por las violaciones a las normas de seguridad e higiene.

También a la  Sedesol federal y al IMSS se les hicieron señalamientos que permitan que los trabajadores  cuenten con beneficios que por ley les corresponde.

 

 

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