Ordena Rubén Moreira represalias contra obispo Raúl Vera

Por Camelia Muñoz
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Ordena Rubén Moreira represalias contra obispo Raúl Vera

Saltillo,  Coah.- En represalia por la denuncia que hizo en la Corte Penal Internacional de La Haya, el gobernador Rubén Moreira Valdez por medio de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila hostiga al obispo de Saltillo, Raúl Vera López, a quien en dos ocasiones envió a su domicilio agentes ministeriales que le exigieron informe lo que declaró en la entrega del documento sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en los gobiernos de él y su hermano Humberto Moreira, el cual fue avalado por la Federación Internacional de Derechos Humanos y varios organismos civiles del país y al no obtenerla, emitieron un citatorio para que se presentara a declarar sobre casos de pederastia.

El jueves por la mañana trascendió información del citatorio girado por el gobierno de Rubén Moreira Valdez, pero la Diócesis de Saltillo se mantuvo en silencio hasta que por la tarde emitió un comunicado en el que confirmaba los hechos.

Hace unas semanas el gobernador señaló a Vera López de acusar a varios exfuncionarios de la desaparecida Fiscalía General, elementos de la Policía Estatal, GATE, que fueron vinculados con la delincuencia organizada por investigaciones federales en el 2012, de ser responsables de homicidios y desapariciones, pero posteriormente recobraron su libertad. Uno de ellos, Sergio Tobías, fue asesinado recientemente.

Para responder a esta denuncia internacional, Moreira Valdez dijo que daría una explicación a las familias de personas desaparecidas con quienes se reúne  para revisar los casos, en los cuales las organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos aseguran que no hay avances.

Sin embargo en la reunión del pasado fin de semana, el gobernador no retomó el tema como lo prometió a los medios de comunicación  y los asistentes aseguraron que lució molesto en toda la reunión, al darse a conocer internacionalmete las graves deficencias de parte del gobierno del estado para atender las denuncias, llevar a cabo las investigaciones y aplicar sanciones, además de no establecer medidas para que no surjan más desapariciones, ni haya tortura ni homicidios  como los ocurridos entre el 2006 al 2016, administraciones de los hermanos Moreira.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Diócesis de Saltillo, los agentes ministeriales se presentaron en el domicilio de Vera López la semana anterior y de respuesta recibieron que el contenido de la denuncia era público y estaba disponible en diversos sitios, pero después recibió el citatorio para declarar sobre una denuncia abierta el 2014.

Dicha averiguación es la que se originó por acta circunstanciada, luego de que Carlos Llamas, presidente de una organización lésbico gay de Saltillo, afirmó en ese año que fue objeto de tocamientos cuando era niño y monaguillo de una iglesia, donde supo de abusos sexuales a menores de edad y cuyos responsables eran sacerdotes. Jamás identificó, al menos públicamente, a los sacerdotes  responsables, pero el obispo dijo que tuvo conocimiento de dos casos y los curas fueron inhabilitados tras un proceso que llevó a cabo El Vaticano; éstos no tenían relación con lo dicho por Llamas.

Esto motivó que el obispo fuera llamado a declarar por la PGJE y sostuvo que los padres de los menores afectados decidieron no hacer denuncias y le pidieron reservarse hacer público los nombres de los involucrados. En varias ocasiones, el procurador Homero Ramos Gloria y el subprocurador Norberto Ontiveros, reconocieron que no había suficientes elementos para la investigación y el año pasado, el primero de ellos, dijo que el caso prácticamente estaba cerrado.

La Diócesis de Saltillo precisa que la institución “no ha recibido ninguna acusación sobre delitos sexuales en conta de sus miembros. Los procesos que esta diócesis llevó al Vaticano han conlcuido y los involucrados han quedado fuera del sacerdocio”.

Establece que dicho citatorio fue firmado por Margarita Barrientos Rodríguez, agente del ministerio público adscrito a la dirección de Unidades de Investigación, a donde fue citado Vera López, pero acudieron sus abogados porque el obispo encabezaba una misa en catedral.

 

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