Se permitió el campo de exterminio en Cereso de Piedras Negras

Por Camelia Muñoz
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Nacional

MARCHA FUUNDEC

Saltillo, Coah.- Familias de personas desaparecidas exigieron que haya castigo para quien o quienes pusieron al servicio de la delincuencia las instalaciones del Centro de Reinserción Social para cometer los delitos a los que hizo referencia la Subprocuraduría para la Búsqueda e Investigación de Personas no Localizadas durante la rueda de prensa en la que se informó que se liberaron cinco órdenes de aprehensión por la muerte de siete personas al interior del reclusorio.

Por medio de la directora del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Blanca Martínez, se señaló que no aceptan que sólo se sancione a unas cuantas personas como responsables, sino que exigen que se identifique a quienes permitieron los crímenes y que la delincuencia utilizara la infraestructura del gobierno del estado, como lo es el Cereso de Piedras Negras.

“Yo esperaría que estas consignaciones se hayan hecho apegadas a derecho, que se hayan hecho bien y no caigamos en el círculo que ya sabemos que hace la procuraduría: que al hacer mal las cosas, dejan libres a los responsables”, mencionó.

Sostuvo que las familias buscan que se castigue a quienes desparecieron y dieron muerte a sus seres queridos, pero también quieren saber dónde los dejaron y quién permitió que se cometiera estos homicidios de lesa humanidad.

“Que no vengan que un solo actor intelectual lo ordenó. Era un Centro de Reinserción Social bajo la responsabilidad del estado y por eso no hay argumento jurídico alguno que puedan esgrimir ellos para evadir responsabilidad. Es responsable el estado si el Cereso de Piedras Negras se convirtió en campo de exterminio y son responsables quienes estaban a cargo de estos lugares”.

Consideró que es muy grave lo ocurrido, pero más delicado que hayan permitido que las instituciones del estado se hayan puesto a disposición de la delincuencia.

Martínez expresó que esperarían que la PGJE haya hecho una investigación sustentada para llegar a fondo en el caso y no dejar libres a estas cinco personas, como lo han hecho en otros casos por el delito de desaparición “por el mal trabajo que hace la procuraduría”.

Y es que desde el 2014, se interpusieron denuncias por la tortura de la que fue objeto Ramón Burciaga Magallanes, a quen la PGJE señala como principal responsable de los hechos. Esto para las familias es delicado, porque ante las violaciones a los derechos de los detenidos, hay muchas posibilidades de que la investigación quede sin efecto.

“Así se contribuiría al círculo de la impunidad. Es uno de los argumentos que los gobiernos tienen para justificar su incapacidad de hacer investigaciones científicas utilizando la violencia y arbitrariedad, como la tortura, y saben que con esto se anulan los procesos y entonces es un círculo y entonces la autoridad se convierte en cómplice al anular las evidencias por estos actos cometidos por una persona, pues le estás ayudando”.

Dijo que entre las víctimas, a las que no se ha identificado, no se encuentran familiares de algún integrante de Fuundec, pero la información que irresponsablemente se dio a conocer a medios de comunicación, ha generado mucha incertidumbre entre quienes tienen uno o varios desaparecidos.

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