PGJE va contra reos por homicidios en Cereso de Piedras Negras

Por Camelia Muñoz
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Nacional
Saltillo, Coah.- Otros siete homicidios se confirmaron al interior del reclusorio varonil de Piedras Negras y los cuales se cometieron entre diciembre del 2009 y enero del 2012. Estos se suman a los 11 de la familia de Olga Lidia Saucedo, presidenta de la organización Alas de Libertad, del municipio de Allende, los cuales fueron confirmados el año pasado, pero no llega a la cifra de 150 que a principios del año dijo el gobernador Rubén Moreira Valdez.
De acuerdo con el encargado de la subprocuraduría para la Búsqueda e Investigación de Personas no Localizadas, José Angel Herrera Cepeda, esto ocurrió en el último año de Humberto Moreira, el único de Jorge Torres López y los dos primeros meses del gobierno de Rubén Moreira, se mantuvo un autogobierno en el penal y en esa época, los reos fabricaban ropa táctica y realizaban tareas para modificar la carrocería y pintura de  los autos utilizados para cometer los delitos.
En la rueda de prensa estuvo presente también el procurador Homero Ramos Gloria, quien  sólo hizo una introducción y dio paso a Herrera Cepeda para que leyera el comunicado en el que se afirmó que se obtuvieron cinco órdenes de aprehensión  por estos siete homicidios y otras diez por varios casos de desapariciones en el norte y sur del estado y que no están relacionados con lo del penal.
Las autoridades explicaron que se recabaron 138 entrevistas con los reos, de las cuales se desprendió la responsabilidad de David Alejandro Loreto Mejorado, Francisco Javier Vélez, Santiago Peralta García, Manuel Elguezabal Hernández y Ramón Burciaga Magallanes, pero nada dijeron de la responsabilidad de las autoridades estatales de ese entonces, quienes permitieron que hubiera autogobiernos y permitieran la comisión de delitos.
De acuerdo con el subprocurador, durante el  operativo denominado “Búsqueda en Vida”, que se efectuó en el 2014, se incluyó una revisión en el penal donde recogieron testimonios que señalaron a Burciaga Magallanes como quien ordenó los homicidios e incineración de los cuerpos, cuyos restos se arrojaron al Río San Rodrigo, que se ubica rumbo a Ciudad Acuña.
Establecieron que puede haber más casos de personas que fueron asesinadas en el lugar ha que hay varios reportes de desaparecidos.
Las autoridades no aceptaron preguntas y se retiraron tras leer el comunicado, en el que además se establece que hay otras diez órdenes de aprehensión  por casos similares de desapariciones ocurridas en municipios del norte y sur del estado.
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