Hágase tú voluntad en los taxis de mi compadre

Por: Orlando Espino
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Torreón, Coahuila.- La empresa internacional Uber, que proporciona servicio de transporte privado mediante una aplicación (app), anunció su llegada a esta ciudad a mediados del mes de julio. Además de La Laguna, la empresa tenía la intención de iniciar operaciones en la capital de Durango, aunque tuvo que dar marcha atrás con sus planes, pues las autoridades municipales respondieron a las presiones de las organizaciones de taxistas haciendo pública una cacería de brujas en contra de los choferes asociados de la empresa con sede en Estados Unidos.

Algo similar sucedió en “La Perla de La Laguna”. Inmediatamente después del anuncio de la llegada de Uber a Torreón, el gremio de taxistas protestó y exigió a las autoridades que solicitaran a los choferes de la empresa contar con concesiones para proporcionar el servicio de transporte.

A través del secretario del ayuntamiento, Jorge Luis Morán, el municipio sentenció a Uber y le pidió “no iniciar operaciones” hasta “no dar más información” acerca de su forma de operar. Los taxistas, muchos de ellos agremiados a la CTM, la más importante organización priista, denunciaban competencia “desleal” por parte de la empresa norteamericana.

Uber se defendió afirmando que no se trata de transporte público, sino de un contrato entre particulares que celebran una transacción a cambio de un servicio. De hecho, quienes deseen ser choferes asociados de Uber deben darse de alta ante la Secretaría de Hacienda para proporcionar facturas a los clientes que así lo  soliciten. Es decir, se trata de un negocio lícito, que declara ingresos y paga impuestos, como lo haría cualquier otro ciudadano en cualquier otra rama de la economía.

Pero como siempre en este bendito país nuestro, que se haga señor tú voluntad pero en los taxis de mi compadre. Como ya se mencionó, las organizaciones que aglutinan a taxistas pertenecen a la CTM, la más importante de las organizaciones del PRI. Por ello, la urgencia del municipio  por salir a defender a quienes en día de elecciones son la parte más importante de la movilización territorial. (De hecho, Marco Mora Varela, director de Autotransporte del municipio, ¡es agremiado de la CTM!).

Lamentablemente para el municipio y sus intereses, poco o nada podrán hacer para impedir que Uber inicie operaciones en la urbe torreonense, pues por encima de los reglamentos municipales y las leyes de autotransporte estatales (que no aplican al no tratarse de transporte público sino a la prestación de una servicio que se contrata a través de una aplicación), se encuentra un documento que otorga garantías a todos los ciudadanos de este país: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 5º establece que “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”. Entonces, sí Uber declara y paga impuestos, sus choferes también, ¿se trata de un negocio lícito? En teoría sí, pero depende a quién le preguntemos, pues de acuerdo con las autoridades municipales eso está en veremos.

Lo principal, para el municipio, es defender a sus socios políticos, a pesar de tratarse de uno de los monstruos de mil cabezas que más problemas genera administración tras administración. La autoridad municipal se pone los guantes y se sube al ring para defender, no a los choferes de taxis, no, sino a los poderosos empresarios que aglutinan decenas, cientos de concesiones a través de prestanombres, algo ilegal por cierto.

Para nadie es un secreto que el “rentismo” es una cáncer que afecta al transporte desde hace décadas. Los choferes pocas veces son poseedores de las concesiones y de los vehículos que manejan. Son empleados, explotados y acosados por sus patrones, a quienes deben pagar una renta diaria por el vehículo, además de sacar para la gasolina y para pagarse su propio sueldo. Lo anterior, deriva en que los trabajadores del volante deban pasar hasta 12 horas tras el volante, sin seguro médico, sin prestaciones de ley, sin pago de impuestos, pero eso no importa, eso nadie lo ve, y las autoridades municipales menos.

Menos importa aún el ciudadano, el ayuntamiento ha salido a defender a sus aliados políticos, y nunca le preguntó al ciudadano, que a final de cuentas decide si contrata y paga o no los servicios de Uber, sí le gustaba la idea de contratar un transporte limpio, seguro y que, además, puede deducir de sus impuestos al solicitar su comprobante de pago. ¿A quién le importa el ciudadano cuándo no es tiempo de elecciones?

Pero la ambivalencia con que se miden las cosas en Torreón no es nueva. El 21 de junio, se echó a andar el programa UNE-DIF, con el que 30 unidades brindarán servicio de transporte para personas con discapacidad. Por supuesto, la iniciativa es loable, digna de aplauso, pues las personas con limitaciones físicas cuentan con nulas opciones de transporte público. Los taxistas también protestaron, pero al ser un programa impulsado por el gobernador Rubén Moreira y apoyado por el alcalde Miguel Riquelme, poco les duró el enojo. No son taxis, pues no cuentan con concesiones (¡igual que Uber!), pero como dijimos, hágase señor tu voluntad, pero en los taxis de mi compadre. Así de ridícula, de ambivalente, es la realidad en Torreón.