Diputados aseguran que hay voluntad de Moreira para proteger a periodistas

Por Camelia Muñoz
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Estatal

Saltillo, Coah.- Aunque no funcione, para los diputados de Coahuila es muestra suficiente del compromiso  del gobierno de Rubén Moreira Valdez para garantizar el ejercicio de los periodistas, el que haya firmado en el año 2012 un convenio de cooperación con la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Los integrantes de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos que coordina la legisladora Georgina Cano Torralva, presentaron el dictamen sobre el punto de acuerdo que hace meses entregó la diputada panista Lariza Montiel Luis, tras las agresiones sufridas por personal y directivos del periódico Vanguardia, así como el caricaturista Eduardo “Guayo” Valenzuela, quien fue agredido por policías municipales de Torreón; y el reportero de la estación de radio La Rancherita del Aire de Piedras Negras, Sergio Hernández, que fue agredido por policías de ese municipio.

La legisladora pedía que la Legislatura hiciera un exhorto a la Comisión de Prevención y Protección de los Periodistas de la entidad, a la Procuraduría General de Justicia, a la Comisión Estatal de Seguridad, y a las autoridades municipales de policía preventiva, para la implementación de protocolos y medidas de seguridad a fin de garantizar la seguridad personal y la libertad de los periodistas coahuilenses en su diario quehacer.

 Sin embargo, los integrantes de la citada comisión  hicieron cambios y establecieron, sin presentar pruebas, que hacer el exhorto “implicaría desconocer un trabajo y una preocupación ya manifestada por tales dependencias y por el propio Gobierno del Estado de Coahuila, respecto de este importante sector”.

 Cabe destacar que además de los casos mencionados, han surgido otros donde la Procuraduría General de Justicia del Estado ha sido omisa y la oficina estatal para la prevención y protección de los periodistas ni siquiera se ha acercado con los afectados.

 Los legisladores resolvieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares en lo que se refiere al caso del periódico Vanguardia, donde una reportera fue perseguida por desconocidos y luego se allanó con personal de Fuerza Coahuila el domicilio del director del periódico, Armando Castilla, para ejercer una orden de desalojo presuntamente irregular, como lo ha documentado el medio de comunicación saltillense.

 “Es de destacar que, el proceder de las autoridades estatales no ha sido omiso sobre el particular”, aseguran en el dictamen los diputados que cayeron en contradicción al anunciar que solicitarán, “tanto a la CNDH como al Gobierno del Estado, su Secretaría de Gobierno y a la CDHEC las medidas implementadas, así como las investigaciones en curso y su estatus relacionadas con periodistas”.

 Los diputados incluso se refieren a la Fiscalía General del Estado, como quien lleva a cabo las investigaciones, aunque ésta ya no existe con ese nombre.

 Finalmente se solicitará al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, información del trabajo realizado con el gobierno estatal para prevenir, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de los periodistas en el Estado y pedirán informes a la CDHEC y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sobre el estatus en el que se encuentran las investigaciones y las medidas emprendidas sobre las mismas, aunque las indagatorias las realiza la PGJE