México será juzgado por caso Pasta de Conchos

Por Camelia Muñoz
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México será juzgado por caso Pasta de Conchos

Saltillo, Coah.- Violar el  derecho a la vida de los 65 mineros de Pasta de Conchos y de los cuales 63 quedaron atrapados en el 2011, es el principal argumento que validó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar entrada a la petición de las familias para responsabilizar al Estado Mexicano.

Cristina Auerbach Benavides, representante de la Organización de la Familia Pasta de Conchos, expresó que en el 2010 se presentó la petición en el organismo internacional, cuatro años después del siniestro, y dijo en un mensaje vía facebook  que esperan se finquen responsabilidades contra las autoridades federales de ese entonces, como Javier Lozano y Francisco Salazar, exsecretarios del Trabajo; contra los exgobernadores Humberto y  Rubén Moreira, así como contra el líder sindical Napoleón Gómez Urrutia y los dueños de Grupo México.

La petición está firmada por 582 personas, familiares de los mineros muertos y a muchos de los cuales el gobierno mexicano desestimó su interés, al asegurar que no eran víctimas directas del siniestro, cuando respondió a la petición y negó su responsabilidad en los hechos, en los que se ha evidenciado que se violentaron los derechos.

En la trasmisión Auerbach Benavides estableció que con la admisión en la CIDH se podrá conocer lo que realmente ocurrió en la mina, ya que desde el año 2000 se tenían informes de que el lugar no estaba en condiciones para extraer el carbón, por no tener normas de seguridad adecuadas.

“El 25 de febrero del 2006 dijimos que se había violado el derecho a la vida, porque esa mina no tenía condiciones para trabajar y por ello no era un accidente, porque estas muertes no eran fortuitas y sí eran evitables por lo cual hablamos de un siniestro. Han sido 12 años sintiendo como que el corazón se te va a salir, es vivir esperando que se haga lo que se debió de hacer hace 12 años”, dijo.

Auerbach Benavides explicó que Trinidad Cantú fue quien, en 2010,  llevó la petición a la CIDH para que fuera juzgado el Estado Mexicano por violaciones graves a los derechos humanos y fue firmada por 28 familias, pero para el 2014 sumaron 48 familias para un total los 582 peticionarios.

“Durante estos ocho años el el Estado Mexicnao pidió que no se admitiera porque ya se había indemnizado integralmente y que ya había investigado hasta donde tenía su capacidad, pero las investigaciones las dejaron inconclusas o las mandaron a archivo y las volvieron a abrir, pero dejaron en absoluta indefensión a las familias; luego argumenta que no todos los peticionarios son víctimas ni beneficiarios económicos, pero la CIDH establece que la calidad de víctimas la determinan los reglamentos, las normas de la Convención de Estados Americanos y no el Estado ni gobierno de México”.

También, la autoridad mexicana respondió que el rescate no se podía hacer por la acumulación de gas y agua, pero este argumento fue calificado por la activista como hipocresía, ya que mientras el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano, expanista y hoy vocero del candidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade, se basaba en  dictámenes de la empresa que establecían presencia de VIH, hepatitis y con ello la imposibilidad de seguir con las labores, en la región seguía extrayéndose el carbón.

Pese a ello, con la admisión de la CIDH se abre la posibilidad del rescate, por ser “justo, digno y técnicamente posible”.

Auerbach Benavides ennumeró una serie de violaciones que vieron en estos años: permitir operar la mina sin tener condiciones de seguridad; que el sindicato vendió prácticamente sus emplazamientos de estallar huelga a cambio de beneficios para su líder Napoleón Gómez Urrutia, hoy candidato al senado por Morena; la emisión ilegal de actas de defunción por parte del gobierno de Humberto Moreira; la entrega de pensiones muy bajas para las viudas y sus hijos.

“Es el último tramo de Pasta de Conchos y vamos a trabajar incansablemente  con las familias para que se rescate, para que les entreguen los restos de sus familiares,  para que se castigue a los responsables: a Grupo México, a Javier Lozano, a Humberto Moreira, a Rubén Moreria, a Javier Salazar, a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto… todos. Y se castigue también a Napoleón Gómez Urrutia, a Carlos Pavón y a todos los que eran del sindicato nacional ( minero) y vendieron esos emplazamientos”.

Dijo que la actuación de la CIDH es un mensaje para la población de la región carbonífera de que los mineros del carbón tenían razón.

 

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