Exigen diálogo nacional en enero sobre Ley de Seguridad

Piden “construir una agenda legislativa integral que permita avanzar a un modelo de seguridad no militarizado”.

Organizaciones sociales que integran el colectivo #SeguridadSinGuerra convocan este lunes a un “diálogo nacional sobre seguridad ciudadana“, para analizar el “modelo de seguridad que permita la formación de policías y que realmente dé certeza jurídica a los miembros de las Fuerzas Armadas”.

En una carta que comienzan a difundir este día, plantean como objetivos “construir una agenda legislativa integral que permita avanzar a un modelo de seguridad no militarizado, compatible con la Constitución”. Esto, luego de que el pasado viernes, el presidente Enrique Peña Nieto hiciera un llamado a ampliar los espacios de diálogo y acercamiento con organizaciones de la sociedad civil.

Proponen que estos diálogos se realizan el 23 y 24 de enero, durante 12 horas cada día.

Aquí la carta y la propuesta dirigida al gobierno federal, dirigentes de partidos, líderes parlamentarios, el presidente de la CNDH, así como a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Marina:

DIÁLOGOS PARA LA #SEGURIDADSINGUERRA

A ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

AL CONGRESO DE LA UNIÓN

A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL
PRESENTES

La rápida aprobación de un nuevo dictamen de Ley de Seguridad Interior por la
Cámara de Diputados, y su inminente aprobación en próximos días por el Senado,
ha generado profunda preocupación entre organizaciones de la sociedad civil
nacionales e internacionales. Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un nutrido número
de expertos y organizaciones han señalado los riesgos implícitos en el proyecto que
aprobó la Cámara de Diputados y la posible vulneración de derechos para la
seguridad y libertad de las personas.

El día previo a la apresurada votación en la Cámara de Diputados, el 29 de
noviembre, la CNDH advirtió, que “ la emisión de una ley de seguridad interior en
los términos que se plantea, contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al
favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia
para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad
de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y
órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías
civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las
tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 Constitucional”.

El martes 5 de diciembre, el colectivo #SeguridadSinGuerra llevó al Senado más de
120 mil firmas ciudadanas que manifestaron rechazo a la aprobación de la Ley,
recabadas en la plataforma Change.org. Dichas firmas fueron retenidas en la
entrada del recinto legislativo y ya son más de 200 mil firmas ciudadanas, sumadas
a los 2,995,200 correos electrónicos enviados por 23,400 personas a los 128
senadores, pidiendo su oposición a la Ley, a través de la plataforma del colectivo,
entre el 2 y 10 de diciembre.
Desde Ginebra, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al
Hussein, recordó que, durante la visita que realizó a México en 2015, las
autoridades le dijeron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido
inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales, y le aseguraron que
estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares
movilizados por fuerzas de policía robustas y mejor preparadas, tanto en el plano
federal como el estatal. Indicó que proyecto de Ley de Seguridad Interior no
menciona en detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene
una estrategia de salida gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en
tareas de policía. Y recalcó que “La aprobación de un nuevo marco legal para
regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana
no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los
alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones
como agentes encargados de hacer cumplir la ley”.

El mismo día, la COPARMEX emitió una carta en la que realizó diversas
consideraciones relacionadas con la certeza jurídica, el irrestricto respecto a los
derechos humanos, la transparencia en la función de seguridad y el necesario
fortalecimiento de la seguridad pública, urgiendo al Senado no aprobar la Ley de
Seguridad Interior de forma aislada sino como parte de una estrategia de seguridad
integral.

El miércoles 6 de diciembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, en México, envió una carta con observaciones
preliminares, a las Senadoras y Senadores, con 14 preocupaciones identificadas
en el proyecto de Ley de Seguridad Interior, a saber:

1. Ambigüedad de conceptos.
2. Violación al principio de necesidad.
3. Papel indebido de las Fuerzas Armadas.
4. Sometimiento de la autoridad civil al mando militar.
5. Ausencia de controles.
6. Ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones.
7. Indebida regulación del uso de la fuerza.
8. Indebida protección y garantía de los derechos humanos.
9. Afectaciones a la protesta social.
10. Ausencia de transparencia.
11. Lesión a la autonomía.
12. Inconstitucionalidad e inconvencionalidad.
13. Ámbito de excepción del derecho procesal administrativo.
14. Ausencia de explicitud de los princi pios rectores.

El 7 de diciembre, el Comisionado Presidente del INAI, advirtió a los Senadores y
Senadoras integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, que
el artículo 9 de la Minuta, implicaría retrocesos en materia de transparencia y acceso
a la información en caso de ser aprobada. “El texto, así como está, merece un
análisis de mayor amplitud; ojalá que los senadores escuchen otras voces y puedan
tomar, en su caso, la decisión de atender la sugerencia que les hacemos: redactar
de mejor manera ese texto para que ese artículo no se preste a fomentar confusión
y, en todo caso, deje claro que de ninguna manera la información que tenga origen
en las cuestiones de la seguridad nacional o en la seguridad interior tenga la
posibilidad de volverse intocable o inaccesible a cualquier ciudadano”, enfatizó.

El mismo 7 de diciembre, la oficina regional de Amnistía Internacional hizo un
enérgico llamado al Senado, para “rechazar el proyecto de la Ley de Seguridad
Interior” y desarrollo 5 puntos “de gran alarma y preocupación” en una misiva dirigida
al Presidente del Senado y a los Presidentes de las Comisiones de Gobernación,
Derechos Humanos, Seguridad Pública, Defensa, Marina y Estudios Legislativos
Segunda.

A estas advertencias y solicitudes, se suman las recientes cartas de Diputados del
Parlamento Europeo, la Red Plurinacional de Juezas y Jueces de Las Américas,
relatores y ex relatores de las Naciones Unidas, el pronunciamiento de académicos
de la UNAM y del CIDE, el desplegado de más de 240 organizaciones nacionales,
entre otras; todas pidiendo al senado detener la aprobación de la Ley y generar un
debate serio e integral que permita construir las bases para una seguridad
Ciudadana. Además, se pide revisar cuidadosamente la constitucionalidad y
compatibilidad de la propuesta con los tratados internacionales en materia de
derechos humanos que México ha suscrito.

El pasado viernes 8 de diciembre, en el marco de la entrega del Premio Nacional de
Derechos Humanos 2017, tras un nuevo llamado a la prudencia, del Presidente de
la CNDH y la petición del propio galardonado a no aprobar la Ley de Seguridad
Interior en el Senado, el Presidente de la República llamó al Senado reconoció que
existen distintos puntos de vista en cuanto a la aprobación de esta Ley, enfatizó la
necesidad de “construir instituciones civiles eficaces en un marco de respeto pleno
a los derechos humanos” e hizo un llamado al Senado de la República para “que
amplíe los espacios de diálogo, de acercamiento con las distintas organizaciones
de la sociedad civil para poder escuchar todas las voces y poder enriquecer lo que
eventualmente el Senado esté resolviendo en alcance a esta iniciativa presentada”.
a “ampliar el diálogo”

Desde el colectivo #SeguridadSinGuerra celebramos y hacemos nuestro el llamado
del Presidente de la República al diálogo. Es por lo anterior, que reafirmando la
voluntad de construir en consenso, junto con legisladores, investigadores, los
representantes de organismos internacionales, Fuerzas Armadas y Sociedad Civil,
desde el colectivo #SeguridadSinGuerra emitimos la siguiente
CONVOCATORIA
Once años de guerra son demasiados. Asumiendo el pertinente llamado del
Presidente de la República a ampliar los espacios de diálogo sobre la Ley de
Seguridad Interior y reconociendo que el mismo solo será eficaz si involucra a todos
los actores políticos y sociales que deben ser escuchados para la construcción de
una agenda para la paz, desde el colectivo #SeguridadSinGuerra, conformado por
más de 250 organizaciones de la sociedad civil y más de 100 personas expertas en
temas de seguridad, justicia y derechos humanos, estimamos indispensable la
reflexión nacional sobre un modelo de seguridad ciudadana, que permita la
formación de policías y que realmente de certeza jurídica a los miembros de las
Fuerzas Armadas, por lo que convocamos a las personas enlistadas al final de la
presente, a un DIÁLOGO NACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA.
OBJETIVOS
1. Construir una agenda legislativa integral que permita avanzar a un modelo de
seguridad no militarizado, compatible con la Constitución y que lleve a la formación
de instituciones civiles capaces de asumir sus responsabilidades en materia de
seguridad y justicia.

2. Elaborar una propuesta legislativa de regulación de las Fuerzas Armadas,
compatible con nuestro régimen constitucional y democrático, que ororgue
seguridad jurídica a los cuerpos castrenses y que incluya un plan gradual de retiro
regulado.

3. Crear una mesa técnica, con representación de las partes dialogantes, que en los
siguientes meses redacte y proponga al Congreso el paquete de reformas
estructurales en materia de seguridad ciudadana y justicia, con base en la agenda
legislativa emanada de los diálogos.

LUGAR Y FECHA
Se llevarán a cabo en un lugar por definir en la Ciudad de México, de 8:00 a 20:00
horas, los días 23 y 24 de enero de 2018.
FORMATO
Se garantizará el respeto entre los dialogantes, fijando tiempos precisos para las
intervenciones y la designación de moderadores rotativos para asegurar
imparcialidad y equidad en la conducción de las mesas. Se contará con una
comisión relatora, conformada por representantes de las partes involucradas. Los
representantes de los medios de comunicación no podrán intervenir en las
discusiones.
CONVOCADAS Y CONVOCADOS:

Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal
Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.
Miguel Ángel Mancera, Presidente de la CONAGO.
Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos.
Miguel Ruíz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos
Humanos
Manuel Granados Covarrubias, Presidente Nacional del PRD.
Damián Zepeda Vidales, Presidente Nacional del PAN.
Enrique Ochoa Reza, Presidente Nacional del PRI.
Andrés Manuel López Obrador, Presidente Nacional de MORENA.
Integrantes de las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la
Cámara de Senadores.
Integrantes de las Comisiones de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados
y de la Cámara de Senadores.
Integrantes de las Comisiones de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados
y de la Cámara de Senadores.
Integrantes de las Comisiones de Marina de las Cámaras de Diputados y de la
Cámara de Senadores.
Integrantes de las Comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados y de la
Cámara de Senadores.
Integrantes de las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de
la Cámara de Senadores.
Secretaría de Defensa Nacional, a través de un representante.
Secretaría de Marina, a través de un representante.
Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
Representantes del Colectivo #SeguridadSinGuerra.