Evade Rubén Moreira a FIDH que confirma delitos de lesa humanidad en su gobierno

Saltillo, Coah.-  Pese a que había pedido un diálogo con la Federación Internacional de Derechos Humanos que presentó una comunicación en la Corte Penal Internacional de La Haya para que se consideraran como delitos de lesa humanidad los casos de desaparición y tortura durante su gobierno y el de su hermano Humberto, Rubén Moreira Valdez no estuvo presente en la reunión con el organismo internacional y las asociaciones de Familias Unidas y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, de Piedras Negras y Saltillo, que signaron la petición junto con el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de

Larios.

La directora de la FIDH para las Américas, Jimena Reyes, dijo tras la reunión con funcionarios estatales que pese las acciones emprendidas por el gobierno estatal esto no ha sido suficiente.

“Aquí se han dado de manera sistemática desapariciones,  forzadas, torturas y detenciones graves de la libertad. Dividimos en dos momentos esto: del 2009 al 2011 se dio el ataque a la población debido a una colusión entre crimen organizado y las fuerzas públicas, donde vimos de forma reiterada casos de personas detenidas arbitrariamente y entregadas a los Zetas y luego desaparecidas  y a partir del 2012 vimos crímenes de tortura y desaparición directamente por las fuerzas especiales; GATE, GATEM y GROMS”.

Dijo que en la reunión pidieron reconocer estos crímenes y que sean hechos de lesa humanidad que conllevan a consecuencias importables: “los casos no se pueden investigar de forma individual, no se va a llegar a ningún lado porque se debe ver el contexto y se tienen que buscar patrones del modus operandi para avanzar en la justicia, o si no van a permanecer en la impunidad”, agregó Reyes.

La representante sostuvo que si bien las autoridades estatales estaban abiertas al diálogo y reconocen la gravedad de los casos, sus acciones no son suficientes.

“Nos presentaron leyes, la política pública en términos de investigación, pero queremos profundizar la administración de la justicia y lo que hemos constatado es que no está funcionando”, agregó la representante de la FIDH.

Reyes sostuvo que las opciones para mejorar las acciones y atender el nivel de desesperación de las familias de desaparecidos, es contar con otras organizaciones en quienes deban de apoyarse porque no se ha logrado la justicia y prevalece la impunidad.

“Hasta hoy vemos aún que hay una tortura sistemática y esperamos que el gobernador se pronuncie; así no es como se investiga y es algo que nos preocupa”.

Por su parte, Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, señaló que propusieron nuevos mecanismos de investigación con la participación de entidades internacionales.

“Él manifestó desde hace varios años su disponibilidad de avanzar ante la investigación y contra la impunidad, por lo que creemos que éste es un momento para eso y que desde aquí desde Coahuila sentemos un precedente para lo nacional”.

La organización llevará el caso también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aunque no fueron atendidos por el gobernador, sostuvo que “no venimos a darle la mano, lo que queremos es que se haga un trabajo eficiente”, señaló la Directora del FIDH quien descartó una reunión con el exgobernador Humberto Moreira Valdés, quien dijo no tiene responsabilidad en estos casos.

El 7 de julio Moreira Valdez dijo que lamentaba que la FIDH no hubiera dialogado antes con ellos, y con otras organizaciones, por lo que el organismo solicitó una audiencia para conocer su trabajo, pero este martes el mandatario dijo en Piedras Negras que él no tenía contemplada la reunión.

Por parte del gobierno estuvo presente el fiscal, Homero Ramos Gloria; el fiscal en el tema de desapariciones, José Angel Herrera; el director de la Oficina de Derechos Humanos, Federico Garza Ramos; sin embargo en el comunicado del gobierno estatal no mencionan a Ramos Gloria.

En el comunicado oficial se establecen acciones sin datos concretos de personas localizadas y procesadas por delitos de tortura, desaparición y homicidios que han denunciado los colectivos.

“La voluntad del Gobierno del Estado se expresa en avances en las investigaciones, localización de personas desaparecidas e investigación de cada uno de los casos. Por otra parte, ya han sido giradas órdenes de aprehensión, ya existen sentencias y se llevan a la justicia a los responsables de la desaparición de personas”.

Cabe destacar que la autoridad no tiene clasificadas las desapariciones forzadas, lo que implica que en sus logros o avances se mencionen casos no relaciones con este tipo de delitos denunciados internacionalmente.