Determina INE infundada queja contra Guillermo Anaya por compra de votos

Por Camelia Muñoz
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Determina INE infundada queja contra Guillermo Anaya por compra de votos

Saltillo, Coah., El Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana no respondió a los requerimientos de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral sobre la investigación de las presuntas tarjetas  de nómina Banorte que el Partido Acción Nacional  entregó a integrantes de los consejos ciudadanos de varios municipios por la llamada “compra de votos más grande en la historia del país” que denunció el PRI, pero el Consejo General determinó que era infundada la queja con la que presuntamente se comprobaba la relación de Guillermo Anaya Llamas, excandidato a la gubernatura, con actvidades ilícitas.

En la sesión del Consejo General se estableció que dicha queja era infundada y en el dictamen se estableció que adolecía de falta del cruce de la información entre las personas que tenían una tarjeta de nómina y si éstas también participan en los Consejos Ciudadanos, demandaron un engrose para concluir la investigación, así como dar vista a la secretaria ejecutiva del INE para determinar la responsabilidad del gremio que se negó a proporcionar la información requerida.

La consejera Pamela San Martín explicó que se acata la resolución del Tribunal Electoral “que nos obliga a cerrar la olla, nos obliga a cerrarlo 30 días antes de la toma de protesta que es el 1 de diciembre, pero la investigación no estaba agotada  y se debió de hacer un cruce, entre otras dirigencias, es relevante. Tener claridad de cuáles son los montos de los que estamos hablando, que están involucrados en estos hechos. Sí tenemos información de ciudadanos que señalan: ‘sí recibí una tarjeta, pero no recursos’, pero no sabemos qué tarjeta recibió y para qué, no tenemos la certeza de lo que recibió y creo que sí son hechos que vamos a declarar infundado el caso, es porque agotamos la investigación y que no estamos hablando de un esquema que no es irregular de financiamiento”, dijo.

La queja del PRI estaba basada sólo en dos tarjetas emitidas por el gremio representado por Eduardo Sierra González, un empresario de Durango que, según David Aguillón Rosales, presidente de la Fundación Colosio y quien presentó la denuncia, fue detenido de Canadá por posesión de drogas y quien fue el vínculo para destinar más de 70 millones de pesos en la comora de votos y estaría particiopando más de 6 mil personas, entre las que estarían los integrantes de los Consejos Ciudadanos de municipios gobernados por el PAN y a quienes se les pidió el listados de sus integrantes.

 Pamela San Martín recordó que el sindicato en una primera diligencia respondió que no conocía a las dos personas por quienes se aperturó la cuenta de nómina en Banorte, pero después ya no atendió los requerimientos.

“Amerita hacer una investigación a fondo y amerita que se tomen los apercibimientos necesarios a las personas morales para garantizar que tengamos respuesta, más aún cuando tenemos un monto de dinero en una cuenta que no podemos identificar y estamos resolviendo una queja sin tener la certeza de que no hayan ocurrido y que sea infundado”.

Pidió también requerir a las personas que son señaladas en la queja, incluyendo a los panistas que son mencionados en la queja, como el senador Luis Fernando Salazar para que se manifestaran sobre los hechos denunciados por depósits efectuados al sindicato citado desde Mexicali, Saltillo, Monterrey y Reynosa, Tamaulipas.

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