Defensores de DH responden a Moreira

Saltillo, Coah. El Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios respondió al gobernador  Rubén Moreira Valdez que lejos de reconocer las limitaciones en las investigaciones sobre el tema de desapariciones, pareciera haber un afán por ocultar la verdad.

Ante la serie de acusaciones que lanzó contra el organismo, tras la presentación del informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, sobre testimonios de detenidos que lo han acusado de recibir sobornos para proteger a integrantes del crimen organizado, en un comunicado el organismo puntualiza que no acusan al mandatario, pero “hay serios indicios de responsabilidad que merecen ser investigados por el Estado mexicano, asuntos que debe dilucidar una autoridad competente. No es de interés de este Centro de Derechos Humanos atacar a nadie en particular, nos interesa generar procesos de verdad e impulsar acciones de justicia”.

Le explican también que ante la descalificación que el mandatario emprendió contra la Universidad de Texas por lo dado a conocer por la Clínica de Derechos Humanos, se trata de una sistematización de la investigación de fiscales del FBI y de declaraciones de testigos vertidos en tres juicios, que tres jurados distintos consideraron creíbles y “si el gobernador piensa que mienten, no es la Universidad la responsable, será el sistema judicial federal de los Estados Unidos. Si el gobernador quiere aportar su versión de los hechos debe dirigirse a los fiscales”.

Destacan que en las dos ocasiones que tuvieron para hablar del contenido de los informes, en privado con el Gobernador, en una fueron censurados y en la segunda con la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), no se presentó a pesar de la cita confirmada.

El organismo establece que la política de seguridad del mandatario no suple la exigencia de verdad y justicia por lo que  es “la gran deuda del gobierno actual” para con las familias y como ejemplo señala que de las más de mil 700 carpetas de investigación que tiene la Subprocuraduría de Desaparecidos (sin contar expedientes de homicidios y tortura), no hay más de 5 procesos abiertos, incluidos Allende y Piedras Negras.

Firmado por la directora del centro, Blanca Martínez, le dicen al mandatario que la capacitación a ministerios públicos fue gestionada por el organismo y aún hay un gran déficit en materia de investigación, “una mostrada incapacidad, por decir lo menos, y un desinterés al no dotar de herramientas e incentivos a los ministerios públicos para hacer su labor tan básicas como luz e internet”.

Por último y ante las agresiones que ha vertido el mandatario, le exigen evitar señalamientos que descalifiquen la labor de los defensores de los derechos humanos del Centro y lo hacen responsable de su seguridad e integridad.