Con dos tarjetas PRI sustenta denuncia contra Anaya Llamas

Saltillo, Coah., Sólo dos tarjetas presentó el PRI en su denuncia por lavado de dinero y la “más grande compra de votos en la historia de México”, como llamó la dirigente del tricolor en el estado y el presidente de la Fundación Colosio, Verónica Martínez y David Aguillón Rosales, respectivamente, a lo que presuntamente hizo en campaña el panista Guillermo Anaya Llamas y cuya investigación “resulta determinante para el resultado de la elección”.

En la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del pasado 24 de agosto, se revoca el dictamen del Consejo General del INE sobre la queja del tricolor y pide a la Unidad de Fiscalización solicitar información sobre los integrantes de los Comités Ciudadanos en los municipios de Saltillo, Villa Unión, Nadadores, Juárez y Parras de la Fuente; a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que informe de la cantidad de cuentas abiertas por el Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y  Conexos de la República Mexicana, si alguna corresponde a los integrantes de los comités ciudadanos y el flujo de dinero en las mismas.

En abril del presente año, Aguillón Rosales dijo que el “ejército” que recibía el recurso estaba integrado por seis mil ciudadanos y que “Estas cuentas son alimentadas con depósitos millonarios que se originan en ciudades diversas como Mexicali, Saltillo, Monterrey y Reynosa… Los recursos son de dudosa procedencia y las autoridades podrán encontrar que los depósitos son siempre en efectivo”.

Sin embargo, sólo presentó como pruebas dos tarjetas que la CNBV identificó a nombre de Cristian Herráez Núñez y Benito Márquez González y en las cuales se detectaron depósitos por mil y nueve mil 400 pesos.

Los líderes priístas aseguraron que se habrían destinado 70 millones de pesos y obtuvieron la información por un miembro de la campaña del panista y que tenía pruebas de los depósitos, pero ni en la resolución del INE ni en la del TRIFE se establece que los entregaron.

Hasta donde el INE investigó, las dos personas que recibieron los recursos en las cuentas que fueron aperturadas por el sindicato, y el cual rechaza una relación con Herráez Núñez y Márquez González, no aparecen ni el padrón electoral, ni como afiliados al Seguro Social ni al PAN. Los domicilio que aparecen en los estados de cuenta no existen.

Aún así, el TRIFE ordenó a la Unidad de Fiscalización del INE que cruce la información obtenida de parte de los municipios donde haya Comités Ciudadanos y de la CNBV sobre las cuentas aperturadas por el citado sindicato, si hay relación entre dichos comités y el PAN así como los lotes a los que pertenecen las tarjetas a nombre de las dos personas inexistentes, y el resultado lo debe dar a conocer un mes antes del 1 de diciembre, cuando sea el cambio de poderes en el estado.

La queja del PRI se investiga en la FEPADE con el folio FED/FEPADE/UNAI-COAH/0000628/2017 y a nivel local, la PGJE ha llevado cateos en distintos domicilios.