Auditor provoca impunidad en caso de deuda de Coahuila

Por Camelia Muñoz
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Auditor provoca impunidad en caso de deuda de Coahuila

 

Saltillo, Coah.- El auditor superior del estado de Coahuila, Armando Plata Sandoval, fue señalado por el legislador panista Jesús de León Tello de haber actuado con negligencia al   interponer fuera de tiempo las denuncias sobre la deuda ilegal contratada  en el gobierno de Humberto Moreira Valdés y que en la Procuraduría General de Justicia en el Estado han prescrito varias de ellas.

Dos días después de la comparecencia del procurador Homero Ramos Gloria y tras analizar los documentos y lo dicho por el funcionario, el legislador señaló que el auditor superior incurrió en graves  irregularidades que merecen proceso penal por el daño que genera al estado dejar sin castigo o reparación del daño las irregularidades financieras.

De León Tello sostuvo que Plata Sandoval interpuso denuncias hasta el 2016, seis años después de haberse detectado y denunciado la contratación de deuda irregular, además de las anomalías en la Promotora de Desarrollo Inmobiliario de Coahuila, donde se contrataron préstamos irregulares también y se pagó a empresas de Estados Unidos, pero las denuncias se presentaron cuando el presunto responsable, Armando García Narro, había fallecido.

“Sí es Javier Villarreal, sí es Humberto Moreira sin duda; pero el siguiente eslabón cómplice de todo esto es el señor Armando Plata y aquí están las pruebas fehacientes de que el señor fue la principal tapadera y de encubrimiento e impunidad”, señaló.

El diputado dijo que no es válida la renuncia ni un juicio político, sino proceder penalmente contra él “por el daño patrimonial causado a todos los coahuilenses, porque ya prescribieron porque fueron seis años y medio que se tardaron en presentar las denuncias”.

El legislador detalló lo que hace dos días diera a 4pnoticias.com sobre las denuncias interpuestas en torno a la deuda y del comportamiento de Plata Sandoval a quien señaló de ser responsable de la impunidad.

La primera de las seis denuncias es la que se presentó en la PGR por el senador Federico Döring y que  en dos ocasiones se remitió a la procuraduría local y actualmente se encuentra radicada nuevamente en la dependencia federal. Los delitos son por peculado, asociación delictuosa, desvío de recursos  los que se investigan y para los cuales el departamento del Tesoro de Estados Unidos remitió información sobre la comisión de delitos de carácter federal “por el hecho de transferir recursos hacia aquel país en una asociación de funcionarios, enriquecimiento ilícito”.

Una segunda y tercera averiguación que se acumularon por tratarse de actos similares y contra las mismas personas, son de hechos cometidos en la PIDECO desde 2009 y 2010 pero éstas las  presentaron hasta el 2016, meses después que el presunto responsable fallece.

“Transcurrieron seis años y medio, cuando él ya sabía (el auditor) que el presunto responsable habia fallecido y la procuraduría dictaminó el no ejercicio de la acción penal en estas averiguaciones. Lo importante es que el auditor no presenta la denuncia hasta seis años después”.

Otra de las denuncias, la 22/2016 que el auditor presenta es  en marzo del 2016 por el indebido ejercicio de funciones contra el Ejecutivo responsable en 2010 (Humberto Moreira), y la PGJE determina que no es procedente “porque el Ejecutivo gastó aquel crédito y lo que nosotros estamos señalando es que, si bien es cierto que la defensa del gobierno ha sido que todos los créditos fueron ingresados a las cuentas del estado que luego legalizan mediante un decreto de aquí del congreso, lo que no hicieron y omitieron en el 2011 fue haber modificado el presupuesto de Egresos porque en ese año y el 2010 se gastó más de lo que tenían presupuestado”.

De León Tello dijo que el gobernador en ese entonces estaba obligado a revisar el movimiento y finanzas, y nunca lo modificaron por lo que considera  que esto era relevante para llevar a cuentas a los responsables de la administración de ese entonces “por un gasto excesivo del que no estaban autorizados. Ellos legalizaron el recurso, pero al momento de gastarlo no estaban autorizados por el Congreso y con ello cometieron la irregularidad y sobre ese hecho interpusieron la denuncia, pero sobre ese hecho están tratando de justificar  el no ejercicio de acción penal para que la próxima administración no pueda investigar”.

Esta denuncia se presentó en mayo del 2016 y por ello se desprende “omisiones gravísimas por parte del auditor del estado y es el primer eslabón de la impunidad que ha reinado con todo el tema de la deuda y la realidad es que no hay un funcionario público investigado adecuadamente”, lamentó el legislador.

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