Antenas en reclusorio de Saltillo sí violan derechos de población: CDHEC

Por Camelia Muñoz
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Antenas en reclusorio de Saltillo sí violan derechos de población: CDHEC

Saltillo, Coah.-  La Secretaría de Seguridad  Pública de Coahuila, a través de la Unidad del Sistema Estatal penal (1)Penitenciario, viola desde hace un año los derechos de miles de ciudadanos al poniente de la ciudad de Saltillo, al mantener en un rango superior al que marcan las disposiciones legales las antenas inhibidoras de señal de telefonía celular ubicadas en el penal varonil.

A casi 12 meses de haberse interpuesto una queja  en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, el ombusman emitió la recomendación 101/2018 en la que se establece que desde el mes de noviembre del año pasado, siendo gobernador Rubén Moreira Valdez, se violentaron los derechos de los pobladores de colonias como la Saltillo 2000, Portal de Agaves, San José y otras que se encuentran cerca del reclusorio. En ese entonces los penales dependían de la Secretaría de Gobierno y este año se creó la Secretaría de Seguridad quien asumió dichas facultades.

De acuerdo con el organismo defensor de los derechos humanos, basado en diversas disposiciones legales, los aparatos inhibidores de señal no deben exceder los 20 metros fuera de las instalaciones de los reclusorios, pero la afectación de las antenas rebasa los 350 metros provocando que una buena parte de la población en esas colonias permaneciera incomunicada.

La CDHEC establece que la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario aceptó que se dañaba a la población, pero no dio seguimiento al resultado de las verificaciones que se hicieron por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones “aún que tiene pleno conocimiento de tal circunstancia y sobre dicha omisión no hay pronunciamiento o justificación alguna que se haya documentado en el expediente de queja”.

Advierte que “la autoridad ha incurrido en un ejercicio indebido de la función pública” al violentar los artículos 1, 14, 16 y 21 de la Constitución Mexicana; el 7 y 108 de la Constitución Política del Estado de Coahuila; el 12 de la  Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras disposiciones nacionales e internacionales.

El ombusman coahuilense otorga al secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona, que en 15 días cumpla con la normativa para que las antenas inhibidoras de señal sólo operen al interior del penal y 20 metros de distancia, que no se repitan estos hechos violatorios a los derechos humanos de la población, que someta a capacitación al persona de la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario sobre el debido ejercicio de la función pública y con quienes operen  los equipos inhibidores de señales de telefonía.

Le otorga 15 días para que acepte o no la recomendación y en caso de ser afirmativa su repuesta, le otorga otros 15 días para atenderla y dar solución a la problemática, o bien informar del tiempo que requiere para que se cuente con la comunicación en dicho sector.

UN AÑO DE VIOLACIONES Y BURLAS

En noviembre del año pasado se instalaron las antenas inhibidoras en el penal varonil de Saltillo, unos días antes de que terminara la administración estatal de Rubén Moreira Valdez. El entonces secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, declaraba que todo estaba dentro de la ley y que el penal se instaló primero que las áreas habitacionales.

En diciembre asumió la gubernatura Miguel Angel Riquelme Solís y también aseguraba que las antenas operaban en regla, pese a los miles de afectados al poniente de la ciudad de Saltillo.

Al nombrar al titular de la Secretaría de Seguridad, José Luis Pliego Corona, éste rechazó que hubiera violaciones a los derechos humanos de la población, pese a que ya existían monitoreos en los que se comprobó que no cumplían con la normativa sobre el área que debían cubrir: 20 metros de distancia.

En todo este tiempo los argumentos fueron variados y sin sustento, como el que hizo el responsable de la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario, Apolonio Armenta Parga, de que la señal de telefonía fallaba por las corrientes de aire y no por las antenas, incluso respoonsabilizo de ello a las compañías de telefonía celular. El pasado 30 de noviembre, cuando Riquelme Solís rindió su primer informe, el funcionario estatal reiteró que estas compañías tendrían que instalar antenas para una mejor recepción de señal.

En julio del presente año, el diputado Jaime Bueno presentó un punto de acuerdo sobre el tema y presentó varios datos que obran en el expediente de la queja presentada ante el ombusman coahuilense.

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