“Muy alarmante” que Ley de Seguridad se apruebe de forma “precipitada”: Grupos de Trabajo y Relatores de la ONU

Advierten que se “podría debilitar la protección de los derechos humanos” con esta legislación que avanza en el Senado.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria y cinco relatores especiales de la ONU hicieron un llamado al Estado mexicano a “rechazar el proyecto de ley de seguridad interior que se someterá hoy al pleno del Senado“.

En un comunicado conjunto, advirtieron que dar a las Fuerzas Armadas un liderazgo en materia de seguridad “podría debilitar la protección de los derechos humanos”.

Sostienen que el proyecto carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto a dichos derechos.

“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales”, indicó el grupo.

México: Proyecto de Ley de Seguridad Interior supone
riesgo para los derechos humanos y debe ser rechazado,
advierten expertos y expertas de la ONU

GINEBRA (14 de diciembre de 2017) – Expertos y expertas de la ONU* han llamado
al Estado mexicano a rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior que se
someterá hoy al pleno del Senado, advirtiendo que dar a las Fuerzas Armadas un
papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los
derechos humanos.

“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de
dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al
auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, señaló el grupo en una declaración
conjunta.

“El Proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las
operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos.”

“No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión
civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley
como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola
del escrutinio público.”

“El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos control y de
rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos
humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel
protagónico en la lucha contra la criminalidad”, señaló el grupo.

El Proyecto de Ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición
excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza,
incluso en el contexto de movilizaciones de protesta, agregó el grupo.

“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un
impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una
manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de
derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de
derechos humanos y organismos internacionales”, dijo el grupo, destacando que son
conscientes de los enormes desafíos de seguridad que enfrenta el país.

Cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las
autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos
mediante la inclusión de estrictos controles, dijo el grupo. Ninguna autoridad civil
debería renunciar a esta responsabilidad. También deberían prever la capacitación y
el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta,
independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos
humanos.

El grupo señaló que los mecanismos de las Naciones Unidas vienen recomendando
durante años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de
su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros de las Fuerzas
Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos
numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura,
incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.

En particular, el grupo recordó al Gobierno la recomendación formulada en 2011 por
el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias, en la que se solicitó que las Fuerzas Armadas se retiraran de las
operaciones de seguridad pública. Remarcaron que esta recomendación se dio
teniendo en cuenta la trágica historia en las últimas décadas del continente
americano, donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad
interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han
mantenido en la impunidad.

Los expertos y expertas han estado en contacto con el Gobierno México en los últimos
días sobre el Proyecto de Ley, y agradecen la pronta respuesta recibida a sus
preocupaciones.
FIN

*Los expertos son: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de
Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Sr. Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la
privacidad; el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los
derechos humanos; la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias; el Sr. Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la
justica, la reparación y las garantías de no repetición; y el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la
promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Los Grupos de Trabajo y Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los
Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el
mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es
el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos
Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el
mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son
personal de l