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Señalan irregularidades en investigación por homicidio de exfuncionario

Por: Camelia Muñoz
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Señalan irregularidades en investigación por homicidio de exfuncionario

Saltillo, Coah.-Con irregularidades y sin evidencias contundentes para fincar responsabilidades del homicidio del subsecretario de Infraestructura del estado, José Pablo Ramírez Ortega, quien fue privado de su libertad desde el 2 de marzo y su cuerpo se localizó un día después, quedaron vinculados a proceso cuatro personas detenidas la semana pasada a quienes se les determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

En la audiencia realizada este lunes y que demoró más de siete horas, el ministerio público no logró acreditar la culpabilidad de los imputados y  presentó una serie de entrevistas realizadas al personal del club Dragones, de donde es gerente Emerson “N”, a quien se le señala como autor intelectual del homicidio doloso, con alevosía y retribución, y donde se presumen ocurrió el crimen para después dejar el cuerpo en los límites de Saltillo y Ramos Arizpe.

Tampoco entregó evidencia de periciales en torno a que Luis Gerardo “N” disparó en la cabeza cuando el funcionario estaba de espaldas a él.

La lista de detenidos se integra también con Gerardo “N” y Josué Hugo “N”; el primero considerado también autor intelectual y auxiliar en el delito mientras el segundo también apoyó en el homicidio al trasladar a Emerson y a los otros dos participantes desde las instalaciones del club deportivo al lugar donde abandonaron la camioneta con el cuerpo adentro, y posteriormente en ayudar en la fuga.

Sin embargo la defensa estableció que las detenciones se hicieron violentando los derechos de las personas al establecerse en delitos como posesión de narcóticos y en el caso de Emerson de un secuestro ocurrido en Morelia, Michoacán, y por el cual fue liberado en dicha ciudad pero posteriormente fue detenido por personal de la Fiscalía de Coahuila, quien lo acusaba del delito de fraude pero durante el trayecto a la ciudad de Saltillo era interrogado por la desaparición y muerte del funcionario, por lo que consideraron que se estaba construyendo una historia para inculpar a los detenidos.

En las declaraciones rendidas, y que la defensa pedía anularlas por la forma en que fueron obtenidas, Josué Hugo habría recibido cinco mil pesos, Luis Gerardo dos mil 500 y se pagó cuatro mil 500 pesos por el arma calibre 22  adquirida en un taller ubicado al sur de Saltillo.

También se dio a conocer que se recabaron evidencias de forma ilegal, ya que la fiscalía ingresó al al club deportivo sin tener la autorización de Emerson, pero sí de quienes le rentan el lugar; y donde se encontraron residuos de sangre y hojas a medio romper en las que se podían leer algunos mensajes como el que un grupo criminal que se atribuía el homicidio, asegurando que el funcionario estaba robando y por ello se ponían a disposición del gobernador Miguel ángel Riquelme Solís para limpiar la administración, y en otro mensaje se pretendía que se considerara suicidio.

Otra de las irregularidadesfue el aseguramiento del vehículo en el que supuestamente huyeron después de abandonar el cuerpo, además de que se recabaron declaraciones sin que hubiera una presencia de un abogado defensor estuviera plenamente identificado.

La jueza Silvia Catalina Ortiz Castañeda manifestó que estas situaciones debieron de haberlas expuesto durante la audiencia inicial, y por ello sostuvo que no os dé cuenta con suficientes elementos para establecer una contabilidad en diferente grado de los implicados, pero tampoco la defensa presentó pruebas para rechazarlo por lo que no podían anular las declaraciones obtenidas.

Se estableció un plazo  de tres meses para llevar a cabo las investigaciones complementarias y recabar evidencias, además de solicitar el aseguramiento del calzado de tres de los detenidos a fin de cotejarlos con las huellas localizadas en la camioneta del occiso.

 

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