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Registro Público involucrado en fraude de Infonavit; TSP protege a magistrado

Por Camelia Muñoz
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Registro Público involucrado en fraude de Infonavit; TSP protege a magistrado

Saltillo, Coah.- Uno de los casos del fraude cometido por el Infonavit en complicidad con jueces del estado de Coahuila, involucra al Registro Público de la Propiedad que también fue denunciado por la familia Vielma Cepeda, quien consiguió un amparo contra la resolución del entonces juez segundo de los Civil y hoy magistrado, César Alejandro Flores Saucedo .

María Angélica Cepeda Tristán y su esposo José Alfredo Vielma Quiroz acudieron al juzgado federal donde obtuvieron el amparo contra la orden de embargo dictada por el hoy magistrado cuando estaba al frente del Juzgado Segundo. Ahí informaron que el proceso de despojo de su departamento en la colonia La Herradura, se ha caracterizado por una serie de anomalías.

“Desde hace seis años que estaba el proceso porque Infonavit vendió la cartera vencida al despacho Scrap II, de la ciudad de Monterrey, pero el número de crédito no corresponde al de nuestro departamento y aún así el juez firmó el embargo y nosotros no sabíamos hasta que íbamos a venderlo y en el Registro Público de la Propiedad nos damos cuenta que estaba en remate”, dijo Cepeda Tristán.

El hoy magistrado se encuentra denunciado, al igual que el Infonavit, el Registro Público de la Propiedad y los actuarios adscritos al juzgado, debido a que sólo en ese sector serían casi una treintena las personas afectadas por un modus operandi idéntico.

Al respecto la presidenta del Tribunal Superior del Estado, Miriam Cárdenas Cantú, señaló que será el Consejo de la Judicatura quien definirá la sanción si se demuestra que el hoy magistrado incurrió en irregularidades.

Sin embargo, Flores Saucedo no fue separado del cargo como sí ocurrió en el mes de diciembre con seis jueces y una docena de funcionarios adscritos a juzgados de Parras, Torreón y Sabinas, donde se han detectado los despojos de viviendas del Infonavit en más de 660 juicios que afectan a más de cien mil derechohabientes.

“Hay mecanismos para combatir las determinaciones del juzgados e interponer la queja en el Consejo de la Judicatura y se analizaría si forma parte o no de los asuntos que se tramitación fue irregular”, expresó Cárdenas Cantú

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